*Fuente: «Guerra civil y violencia política en Burgos (1936-1943)» de Isaac Rilova Pérez
La prisión correcional o provincial
La proverbial saturación del presidio de San Juan aconsejó en 1870 habilitar la antigua alhóndiga de la calle Santa Águeda como segunda prisión burgalesa. Sería denominada ‘Prisión Correccional’, primero, y ‘Prisión Provincial’, después. Allí fueron trasladadas las reclusas de la ‘Casa Galera’ y allí fueron internados también presos preventivos del ámbito provincial. Ocupaba una superficie de 1.161 metros cuadrados y era propiedad del Ayuntamiento. Dirigía la institución un director del Cuerpo de Prisiones, de tercera clase, al que acompañaban un subjefe administrador de segunda clase, un administrador-jefe de vigilancia, seis vigilantes de segunda clase y un capellán de tercera clase. No pertenecían a la plantilla el médico y el barbero, y tenían la obligación de residir en viviendas del establecimiento el director, el subjefe y el administrador.
La Prisión Provincial estaba constituida por dos secciones, masculina y femenina, sin llegar albergar en ningún momento a más de 100 internos, salvo en los años de la Guerra Civil e inmediata posguerra en que rebasó el millar de detenidos, y como tal funcionó hasta el 30 de junio de 1971, en que el establecimiento fue clausurado y su población reclusa trasladada al penal.
El penal en la Segunda República
En efecto, tras la victoria republicana en las elecciones municipales del 14 de abril de 1931, fue proclamada la II República y el presidente del gobierno provisional nombró a Victoria Kent Suano directora general de Prisiones. Su labor al frente de esta Dirección General supuso una verdadera revolución en materia penitenciaria. Pretendió transformar la naturaleza del sistema penitenciario y pasar de ‘represor de delincuentes’ a ‘promotor de su inserción social’.
Apenas cuatro días después de haber sido elegida se publicó su primera orden por la que se eliminaba la obligación de los presos de oír misa, permitiendo la lectura de todo tipo de prensa en las cárceles. Un mes más tarde, en mayo de 1931, suprimió las celdas de castigo, prohibió y retiró los grilletes y cadenas de todos los penales y, con el hierro recogido, mandó erigir un monumento a Concepción Arenal, periodista, escritora y una de las primeras voces del feminismo español.
Colocó buzones para las cartas dirigidas por los reclusos a la Dirección General, estableció la libertad de cultos, autorizó la celebración de conciertos, la supresión de 115 cárceles de partido, la instalación de calefacción en las escuelas y en las enfermerías de las prisiones y la concesión de permisos de salida extraordinarios. Al mismo tiempo creó dos instituciones fundamentales: el Instituto de Estudios Penales, para la formación de los funcionarios, y el Cuerpo Femenino, responsable de la dirección y control de los penales de mujeres.
En este contexto acababa de ser construida la nueva prisión de Burgos, que sustituía al viejo presidio del Monasterio de San Juan. La Prisión Central o Penal fue edificada entre 1927 y 1932 y diseñada para acoger a 800/900 reclusos. Las obras fueron recepcionadas el 31 de julio y comenzando a funcionar un día más tarde, el 1 de agosto de 1932. Inició su andadura bajo la dirección de Antonio Mur Grande y con la entrada en vigor de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, estuvo a punto de ver levantado en sus inmediaciones un campo de concentración, que no llegó a materializarse.
Tras la Revolución de Octubre de 1934 fueron encerrados numerosos mineros de las cuencas asturianas y palentinas y dirigentes políticos como el diputado a Cortes, Ramón González Peña, y el anarquista Buenaventura Durruti. En enero de 1936, el Centro Penitenciario tuvo que afrontar un motín tumultuario que precisó la intervención de González Peña para calmar los ánimos y evitar la intervención de la Guardia de Asalto. Y, por último, el 23 de febrero de ese año se produjo la excarcelación de numerosos reclusos tras la amnistía del Frente Popular. Era director Julián Peñalver Hortelano, masón de afiliación, maestre de la Logia ‘Libertador’ de Burgos.
La prisión central en la Guerra Civil
Producido el alzamiento militar, el capitán Genaro Miranda Benito, al mando de un destacamento, tomó el mando de la prisión, destituyendo al director, quien fue sacado para conducción a Pamplona, siendo fusilado en el puerto de La Brújula. Se inició entonces un capítulo represivo que alcanzó a varios millares de personas, que se concreta en distintas formas de represión: fusilamientos tras juicios sumarísimos, ejecuciones en ‘sacas’ o ‘paseos’, encarcelamientos, depuraciones funcionariales y de maestros, incautaciones de bienes, etc., aspectos que son mejor conocidos gracias a la meritoria labor historiográfica que se viene realizando en las últimas décadas.
¿Cuál es el volumen de la represión en la provincia de Burgos? Más de 1.100 muertes documentadas y cerca de otras 2.000 cuyos restos han ido apareciendo en las numerosas fosas esparcidas por la geografía provincial.
Por el penal pasaron el General Batet, jefe de la División Orgánica; el consejero de la Generalidad de Cataluña Manuel Carrasco Forrniguera; el gobernador civil, Julián Fagoaga; el diputado a Cortes, Eliseo Cuadrado; el alcalde de Miranda de Ebro, Emiliano Bajo; el músico Antonio José; el orfebre Maese Calvo; el poeta Manuel Machado; el diputado y parlamentario Tomás Alonso de Armiño, y un numeroso contingente de personas de toda clase y condición: militares, maestros, labradores y obreros. Unos para ser fusilados y otros para padecer largos años de encierro. Esta etapa es quizá la más conocida gracias a los trabajos de Ruiz Vilaplana y Gárate Córdoba, y más actuales de Juan Carlos Pérez Manrique, Luis Castro e Isaac Rilova.
La enorme aglomeración de reclusos que generó la guerra (hasta 4.500 recluidos en el penal) fue paliada en cierta manera mediante la introducción del trabajo sistemático en las cárceles y la redención de penas. En efecto, un decreto de 1937 tipificó definitivamente la reducción de penas por el trabajo y después de haberse solemnizado el derecho laboral de los prisioneros políticos se constituyó el primer destacamento de trabajadores penados en Burgos, con un total de 665 reclusos, destinado a levantar en el municipio de Alcocero un monumento para perpetuar la memoria del extinto general Mola.
Este destacamento se vio completado con el campo de concentración de Miranda de Ebro (alrededor de 1.500 prisioneros); el de San Pedro de Cardeña (697 internos); Lerma (entre 500 y 750) y Aranda de Duero (con capacidad para 2.000 presos), con función clasificadora. Aparte, en el norte de la provincia de Burgos funcionó la prisión central de Valdenoceda (entre 1.100 y 1.500 presos).
De la Posguerra a la actualidad
En la posguerra, la depuración de los funcionarios trajo consigo que los puestos de mando de las prisiones fueran encomendados a elementos procedentes del Ejército, generalmente ex-alféreces provisionales, y la población reclusa del penal, compuesta mayoritariamente de socialistas y comunistas, fue disminuyendo en número desde la década de los cuarenta en adelante. Si en septiembre de 1942 la población reclusa del penal ascendía a 4.000 internos, en 1945 se redujo a 578 personas. Desde entonces se ha mantenido de forma constante esa cifra de población en torno a 500 reclusos.
Durante dos décadas, desde los años cincuenta hasta cerca de los setenta del pasado siglo, el penal de Burgos (la Universidad como ellos le denominaban) fue ‘residencia obligada’ de destacados militantes socialistas y comunistas, como el ex-ministro de Justicia Enrique Mújica Herzog, Antonio Ormazábal Ormazábal y Gregorio López Raimundo, del PSOE; Antonio Gutiérrez Díaz, líder del PSUC; Juan Comorera Solé y Fernando Cañameras Casamata, de Unión Socialista de Cataluña; Fernando Macarro (Marcos Ana), Eliseo Bayo Poblador, Leovigildo López Montero, Adolfo Reguillón García, Ramón Ormazábal Tife, Antonio Jiménez Pericás, Sixto Agudo, Miguel Núñez y José María Laso, y el escultor vasco, Agustín Ibarrola, del Partido Comunista de España, entre otros.
En el plano legislativo, aunque el Reglamento de Prisiones del año 1948 consideraba todavía a la redención como fin primario de la pena de libertad, el nuevo reglamento de 1956 dejó en cambio de hablar únicamente de redención, amparando la reforma del condenado como meta de la pena: nace el tratamiento, que implica la introducción de pautas tecnificadas de tipo psicológico, pedagógico y médico en la atemperación de la reclusión.
En los últimos años del franquismo tuvo lugar en la ciudad de Burgos el denominado ‘Proceso de Burgos’ de 1970. Se trata de un juicio sumarísimo iniciado el 3 de diciembre contra dieciséis miembros de la organización armada ETA, acusados de los asesinatos de tres personas durante la dictadura del general Franco. En el sumario 31/69 se hallan encausados los siguientes presos etarras: Jesús Abrisqueta, Víctor Arana, Julián Calzada, José Antonio Carrera, José María Dorronsoro, Juan Echave, Joaquín Gorostidi, Enrique Guesalaga, Francisco Javier Larena y Mario Onaindía.
Las movilizaciones populares y la presión internacional lograron que las condenas a muerte impuestas a seis de los encausados no llegaran a ser ejecutadas, siendo conmutadas por penas de reclusión. En diciembre de 1970 se confirma el indulto por la pena máxima.
En 1974 fueron puestos en libertad condicional los últimos presos vinculados a la lucha política y guerrillera, como Ángel Marqués Urdí y Luis Agustín Vicente (alias ‘Metralla’), activistas de la F.A.I. y en la agonía del régimen, el 29 de septiembre de 1975, a las 8.30 de la mañana, en los alrededores del penal, se produjo la ejecución de la sentencia capital contra el preso de ETA Ángel Otaegui, acusado de colaborar en el asesinato de un guardia civil en el País Vasco.
A raíz de la muerte de Franco se produjo una amnistía el 30 de julio de 1976 que no afectaba a los presos condenados por delitos de sangre. La democracia se estrena con una etapa de revueltas carcelarias y la trascendental publicación de la Ley Orgánica General Penitenciaria.