*Fuente: «Historia del Palacio de la Isla de Burgos (1883-12010)» de Isaac Rilova Pérez
El Palacio de la Isla en la etapa preautonómica (1976-1983)
Tras la muerte de Franco en 1975, Juan Carlos I fue proclamado Rey en un contexto político de gran incertidumbre. Muchos pensaban todavía que la etapa que se abría sería una continuación del franquismo sin Franco. El joven monarca se rodeó de un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández-Miranda, que diseñaron un plan de cambio político que se denominó ‘reforma’. Se trataba de aplicar transformaciones controladas que terminaran en un sistema democrático desde las propias leyes del régimen franquista.
El Gobierno Suárez, la Ley de Reforma Política y la salida de la clandestinidad de una oposición decidida a apoyar el proceso de transición que concluiría con la instauración de un régimen democrático, fueron factores determinantes a la hora de celebrar las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República y en la firma de los Pactos de la Moncloa que permitieron afrontar las dificultades económicas de aquel momento (octubre de 1977).
El triunfo del referéndum de la Ley para la Reforma Política y la celebración de elecciones generales del 15 de junio de 1977 abrían la puerta a la llegada de una nueva etapa política: la de consolidación de las autonomías. El Real Decreto-Ley 20/1978 de 13 de junio aprobaba el Estatuto por el que se concedía el régimen preautonómico a Castila y León. El citado Real Decreto Ley da luz verde a la creación del Consejo General de Castilla y León, que tendrá carácter provisional en tanto se constituyan los órganos preautonómicos de Castila-León.
Este órgano se constituyó formalmente el 22 de julio de 1978 en Monzón de Campos (Palencia). Asistieron representantes –diputados y senadores- de ocho de las provincias afectadas y fue elegido presidente el diputado burgalés Juan Manuel Reol Tejada (UCD). El Consejo General de Castilla y León desarrolló su actividad desde 1978 hasta 1983, cuando entró en vigor el Estatuto de Autonomía.
Tuvo su sede provisional en la Diputación de Burgos y en el Palacio de la Isla y estuvo presidido por Juan Manuel Reol Tejada, entre 1978 y 1980; por José Manuel García Verdugo (UCD), entre 1981 y 1983 y finalmente por Demetrio Madrid López (PSOE), en cuyo mandato el Gobierno regional se trasladó a Fuensaldaña (Valladolid). El proceso autonómico no fue sencillo en Castilla y León. Hubo manifestaciones para que León fuera una comunidad uniprovincial y lo mismo sucedió con Segovia, provincia que acabó incorporándose a la región de Castilla y León junto con las otras ocho provincias que integran Castilla y León. Las provincias de Logroño y Santander se quedaban fuera de este proceso.
En León, mientras tanto, se aprobaba el 22 de noviembre de 1980 la reforma de la estructura interna del Consejo General de Castilla y León y se tomaban medidas para que los funcionarios dispersos en diversas consejerías se trasladasen a Burgos de forma provisional para ubicarse en los despachos cedidos por la Diputación de Burgos, en tanto se disponía otro escenario que sirviera de sede. Desde septiembre de 1980, la Diputación provincial de Burgos había estado realizando gestiones para encontrar una sede adecuada al Ejecutivo preautonómico.
Finalmente, el lugar elegido es el Palacio de la Isla. La falta de espacio en el Palacio de la Diputación Provincial de Burgos había llevado a los responsables del organismo a examinar lugares más adecuados para agrupar el embrión de la futura administración autonómica, que contaba en se momento con 130 funcionarios. El Palacio de la Isla se convirtió en aquel momento en la solución más idónea.
No obstante, para que el inmueble pudiera ser utilizado por el ente preautonómico, era necesario solicitar la devolución a su propietario, Patrimonio Nacional. El proceso de reversión al Ayuntamiento y a la Diputación de Burgos fue prologando y no exento de dificultades. Teniendo en cuenta los antecedentes y las nuevas necesidades, el 13 de diciembre de 1979, ambas instituciones pretendían conocer la posibilidad de recuperar la propiedad del inmueble que había sido objeto de cesión gratuita.
La Diputación de Burgos y el Ayuntamiento entendían que Patrimonio Nacional no había cumplido con la condición estipulada en el acuerdo de cesión de convertir el Palacio de la Isla en un museo. Por lo tanto, la posibilidad de reversión del inmueble, reconocida en el artículo 97 de la escritura de cesión suscrito con Patrimonio Nacional, abría la puerta a la posibilidad de recuperar la titularidad del edificio. Además del citado incumplimiento se daban razones de urgencia para disponer en el menor plazo de tiempo posible del Palacio de la Isla.
Juan Manuel Reol Tejada, presidente del Consejo General de Castilla y León había presentado el 22 de marzo de 1980 su renuncia por incompatibilidad de este cargo con la Secretaría de Política Territorial de su partido y por la falta de actuación de UCD en el proceso autonómico de la región, del que se desentendía la provincia de Segovia. Juan Manuel García-Verdugo y Candón era elegido su sucesor y urgía dar continuidad al proceso preautonómico en una sede digna.
En este sentido, el alcalde de Burgos, José María Peña, dirigió una carta el 30 de abril de 1981 al ministro de la Presidencia del Gobierno solicitando la incoación del expediente que procediera para la reversión al patrimonio del municipio de la mitad pro indiviso que le corresponde en el inmueble Palacio de la Isla, abundando en los argumentos ya expuestos de cesión gratuita para residencia del anterior jefe del Estado y Museo Militar, fin este último que no se llegó a materializar. Esta actuación estaba encaminada a poder ceder su uso al Consejo General de Castilla y León, a fin de poderlo utilizar como sede provisional en Burgos.
Ante el retraso por parte de Patrimonio Nacional en dar respuesta a esta solicitud, la Presidencia del Consejo realizó gestiones enfocadas a la cesión de distintos espacios públicos de la ciudad como el Teatro Principal, que requería un largo periodo de adaptación, el Palacio de Saldañuela y la Casa del Cordón, de propiedad particular; y el Consulado del Mar, cuya adaptación hubiese requerido desmontar la Biblioteca de Castilla y León y desplazar la Academia de Dibujo. Todas estas opciones resultaron inviables, y la única opción posible en ese momento era recuperar el Palacio de la Isla para este fin.
El retraso en el proceso de reversión del inmueble llevó al presidente del Consejo General de Castila y León a enviar una carta el 9 de abril de 1981 al consejero delegado de Patrimonio Nacional, explicando las contingencias en torno al inmueble desde su cesión en 1939 por las administraciones locales como residencia del Jefe del Estado y como museo, extremo que nunca se llegó a cumplir.
En ese escrito argumenta que la sede del Consejo General de Castilla y León se encuentra ubicada en Burgos, en dos despachos cedidos por la Diputación provincial y añade que el día 22 del mes en curso comienzan las actividades ejecutivas de este órgano, que carece de una sede apropiada y revestida de la dignidad que debe corresponder al Consejo General de Castilla y León. Al no haber dado resultado las gestiones emprendidas por la Diputación y el Ayuntamiento ante Patrimonio Nacional, será el nuevo Consejo General de Castilla y León quien solicite formalmente la cesión del uso del citado edificio para la instalación provisional de este Consejo en las condiciones que Patrimonio Nacional disponga por el plazo de dos años, en el caso de que no se decida la retrocesión a las corporaciones burgalesas.
El 1 de junio se inician oficialmente los trámites de solicitud de reversión del Palacio de la Isla al Ayuntamiento y Diputación por parte del Patrimonio Nacional para cederlo en uso al Consejo General de Castilla y León. Se adjunta un acta notarial de cesión formada por el notario de Burgos Roberto Velasco Alonso, de 15 de marzo de 1964, por parte de las corporaciones de Burgos a favor de Patrimonio Nacional, que habían sido firmadas entonces por el alcalde de Burgos, Honorato Martín Cobo Lagüera, el presidente de la Diputación de Burgos, Fernando Dancausa de Miguel, y el gerente del Servicio de Patrimonio Nacional, Fernando Fuertes de Villavicencio.
Un Real Decreto de Presidencia de Gobierno, de 3 de agosto de 1981, autorizaba al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional para otorgar escritura pública de reversión del Palacio de la Isla a favor de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Burgos. Finalmente, el 16 de febrero de 1982, siendo alcalde José María Peña San Martín, y presidente de la Diputación Francisco Montoya Ramos, se recibe de la notaría madrileña de Fernando Monet y Antón la escritura de reversión.
Mientras la presión social se mantiene en las calles y despachos para reforzar el apoyo que la ciudad está propiciando a la capitalidad y se prepara el camino para que se asiente en la capital burgalesa con carácter permanente, el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos inician las obras para acondicionar el inmueble. Se acometen entonces las obras de alumbrado, la instalación de la calefacción y trabajos en el exterior, los jardines y también en la casa del guarda, ubicada a la entrada a la finca. Se procede también a acondicionar el semisótano y se acondiciona el garaje y los aparcamientos del recinto.
Palacio de la Isla, sede provisional del Consejo General de Castilla y León
En abril de 1981, mientras se inicia la recuperación del edificio, la preautonomía castellano-leonesa encontraba en Burgos su capital y el Palacio de la Isla se convertía en sede del Ejecutivo autonómico. Los plenos del Consejo General de Castilla y León tuvieron carácter itinerante hasta el 6 de septiembre de 1981, cuando se concreta la ocupación definitiva del Palacio de la Isla.
El 30 de junio de 1978 se firma el decreto de preautonomía y la creación del Consejo General de Castilla y León. Días después -22 de julio- se constituyen en Monzón de Campos (Palencia) los dos órganos del Consejo: el Pleno y la Junta de Consejeros. Este Pleno eligió a Juan Manuel Reol Tejada como presidente y, tras celebrarse las primeras elecciones locales, cada una de las diputaciones designó a cuatro de sus miembros como representantes de ese órgano.
El primer Gobierno preautonómico estuvo formado por los consejeros de Agricultura, Educación, Industria, Sanidad, Seguridad Social, Comercio, Turismo, Trabajo, Patrimonio, Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, Administración Local, Justicia, Cultura y Economía y Hacienda.
El pleno extraordinario del Consejo General de Castilla y León celebrado el 12 de julio de 1980 tuvo como único punto del orden del día la elección del nuevo presidente tras la dimisión voluntaria de Reol Tejada. La votación dio la victoria a José Manuel García Verdugo (UCD).
El 4 de abril de 1981 se nombraba en Ávila el Pleno del nuevo Consejo General de Castilla y León, presidido por García Verdugo, y también se aprobaba el nombramiento de los directores de departamento y de los titulares de las comisiones delegadas. La misma sesión plenaria dio el visto bueno a los nombramientos del secretario general y a cuatro directores de departamento.
La infraestructura administrativa existente en Burgos la componían dos auxiliares administrativos; un funcionario del Gobierno Civil y un auxiliar; un jefe de gabinete y un asesor jurídico. Todos estos funcionarios, instalados en el Palacio de la Isla, se encargaban de atender al Gabinete de Presidencia, la Secretaría General y el funcionamiento administrativo. Junto al despacho del presidente estaba la secretaría particular y en una oficina anexa llegaron a trabajar hasta catorce personas de forma simultánea.
Las obras de reforma iniciadas en el Palacio de la Isla para acoger el aparato administrativo coincidían en el tiempo con noticias que apuntaban a la elección de Tordesillas como futura capital de Castilla y León, propuesta que se había presentado en el anteproyecto de Estatuto discutido el 28 de junio de 1981 en Salamanca pero que no era una resolución firme ya que había varias candidaturas que optaban por conseguir la capitalidad. En Burgos se llegó a convocar una manifestación para reclamar la capitalidad de Castilla y León, que llegó a reunir más de 8.000 personas.
El 6 de septiembre de 1981, con el edificio en fase de rehabilitación, el Consejo General de Castilla y León se instala de forma apresurada en el Palacio de la Isla y el personal administrativo abandona las dependencias provisionales cedidas en su momento en la Diputación de Burgos.
Sin embargo, el nuevo Ejecutivo castellanoyleonés está marcado por la inestabilidad y por un movimiento antiautonomista que se está gestando en capitales y municipios de León, Segovia y Burgos. Surgen los primeros procesos de desvinculación o no adhesión, que siguen aumentando de forma paulatina entre 1982 y 1983.
En la provincia de Burgos, el Ayuntamiento de Villadiego inicia un proceso de desanexión del Ente preautonómico. Lejos de apagarse, ese proceso continúa abierto y en enero de 1983 se elevan a trece los municipios de la provincia burgalesa que han iniciado los trámites para abandonar el nuevo Ente al entender que no responde a lo que aprobaron cuando decidieron adherirse. Los motivos que esgrimen es el deseo final de que Burgos ostente la capitalidad de la Comunidad y que ésta sea autónoma respecto a León.
El 2 de marzo de 1983 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que fue aprobado el 25 de febrero por el Parlamento. Con el estatuto se aprobó también una ley orgánica para la integración de la provincia de Segovia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La entrada en vigor del estatuto era el preludio de una nueva fase.
La primera reunión del Parlamento regional se celebró el 21 de mayo de 1983 en el convento de Santa Clara de Tordesillas. En este encuentro se constituyeron las Cortes y salió elegido Dionisio Llamazares. Poco después, accedió a la Presidencia Demetrio Madrid, que tomó posesión del cargo en el Palacio de la Isla el 3 de junio.
Sin embargo, el 6 de julio de ese mismo año la Mesa de las Cortes de Castilla y León adoptó un acuerdo por mayoría referente a la ubicación provisional en el castillo de Fuensaldaña, a pocos kilómetros de Valladolid. Este acuerdo se adoptó en el Palacio de la Isla, ya que era donde estaba el despacho de su presidente. También aquí aparecen fechados sus acuerdos en los primeros boletines y se había recibido oficialmente el 28 de mayo a Su Majestad el Rey en su visita a la ciudad.
El anuncio de traslado de las Cortes a Fuendaldaña provocó gran malestar en la ciudad. El alcalde de Burgos, José María Peña San Martín, el presidente de la Diputación provincial, Tomás Cortes Hernández, y el abogado José María Codón Fernández, presidente de la ‘Junta Pro-Burgos Cabeza de Castilla’, junto a otras personas, anunciaron su intención de presentar un recurso contra la propuesta hecha por la Mesa de las Cortes para fijar provisionalmente su sede en Fuensaldaña. El Palacio de la Isla deja de ser sede del Gobierno de Castilla y León tras el acuerdo de trasladar el Ejecutivo a ese antiguo colegio vallisoletano cedido por el Ayuntamiento.
Con las Cortes en Fuensaldaña y la Junta de Castilla y León en el colegio de la Asunción, se puede considerar que Valladolid es capital provisional de la Comunidad entre julio de 1983 y diciembre de 1987.
El traslado a Fuensaldaña contrasta con el anuncio hecho por Demetrio Madrid, señalando que seguirá siendo utilizado por el ente de la Comunidad Autónoma, pese a la reclamación hecha por escrito por las corporaciones local y provincial. Para las instituciones burgalesas, está fuera de duda la titularidad del Palacio de la Isla, así como el derecho que asiste al Ayuntamiento y la Diputación para solicitar la reversión, una vez que ha dejado de ser sede del Ejecutivo de Castilla y León.
En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento acordó, con el voto en contra de los concejales socialistas, enviar una notificación a la Junta de Castilla y León para que abandonara el edificio, advirtiendo que en el caso de que en el plazo de diez días no se hubiere efectuado se procedería a la ocupación material del inmueble y desalojo de los efectos correspondientes a la Junta. Curiosamente, el mismo día 2 de diciembre de 1983, cuando el Pleno del Consistorio burgalés había adoptado ese acuerdo de desahucio, la Junta de Castilla y León anunciaba mediante un comunicado su intención de establecer en el Palacio de la Isla un Instituto de Administración Pública.
Después de un largo contencioso en el que fue necesaria la intervención de la magistratura, la Junta de Castilla y León devolvió al Ayuntamiento y la Diputación de Burgos las llaves del inmueble, a la vez que se llevó sus pertenencias del edificio. Finalmente, el Palacio de la Isla fue devuelto a sus propietarios, pese a que el Gobierno regional socialista era partidario de mantener el uso. Coincidiendo con el proceso de recuperación del inmueble, Caritina Liniers y Muguiro, condesa de Serramagna, sobrina de Francisca Muguiro y Cerragería y de Juan Muguiro y Casi, constructores del inmueble, era homenajeada por el Ayuntamiento de Burgos coincidiendo con su cumpleaños centenario al cumplirse el cincuenta aniversario de la fundación de las escuelas de Serramagna. La señora recibió el título de ‘Hija Predilecta de la Ciudad’.
La capital burgalesa pierde su batalla por la capitalidad regional mientras que el Palacio de la Isla queda desocupado y bastante deteriorado por el abandono y el desuso. Se hace necesario realizar un análisis técnico y poner en marcha un proyecto de mantenimiento, conservación y reparación. Los análisis confirman la existencia de goteras, manchas de humedad y desperfectos en las cubiertas que aconsejaban la realización de obras de pintura e impermeabilización. El presupuesto inicial de la reforma asciende a 3.284.828 pesetas, que se sufragarán a partes iguales entre ambas administraciones. No obstante, resulta necesario y urgente acometer actuaciones complementarias de mantenimiento, reparación y conservación que acabarán elevando la factura de la reparación hasta 5.628,742 pesetas.
El nuevo destino que se perfila para el edifico es ser sede provisional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que tampoco acabó concretándose pese a las numerosas gestiones que se llevaron a cabo para la ubicación definitiva de esta institución educativa. El Patronato de la UNED, integrado por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, lleva cinco años buscando una sede para la UNED, cuyas instalaciones se ubican en la Escuela Universitaria Politécnica. La antigua Escuela de Comercio, además del Palacio de la Isla, es la otra apuesta que se baraja entonces. Sin embargo, ambos inmuebles resultan insuficientes para atender a los mil quinientos alumnos matriculados en el centro asociado de la UNED.
Tras quedar descartada esta opción, Ayuntamiento y Diputación comienzan a utilizar el edificio para diversos cometidos. Acogerá exposiciones, será sede del grupo espeleológico Edelweiss, almacén de material y libros de la UNED, Servicio de Recuperación de Archivos Municipales de la Diputación y alguna otra actividad. El Ayuntamiento lo utilizará también de forma esporádica para acoger recepciones y actos protocolarios, especialmente coincidiendo con las fiestas de la ciudad.
Pero un atentado terrorista por parte de la banda terrorista ETA contra la Comisaría de Burgos irrumpirá en el escenario político de la ciudad y acabará condicionando el uso del inmueble para un destino que nunca habían previsto sus propietarios; durante más de dos años se convertirá en sede de la Comisaría Nacional de Policía.